La decisión fue anunciada este lunes por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tras reunirse con representantes de diversas comunidades originarias.
El funcionario dio cuenta de la firma de un acta de 12 puntos en la que el Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto para derogar los decretos 1.090 y 1.064 que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos.
Ambas normas habían sido promulgadas en 2008 como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
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Optimismo y cautela
Protestas en Perú.
La protestas en reclamo de la derogación de los decretos se iniciaron el pasado 9 de abril.
Las diferentes fuerzas políticas de Perú saludaron la decisión gubernamental y confiaron en que prosperen los mecanismos de diálogo.
En tanto, desde la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresaron sus reservas sobre la decisión.
"En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades", sostuvo Daysi Zapata, quien asumió la presidencia de la organización en reemplazo de Alberto Pizango, el líder indígena que se asiló en la embajada de Nicaragua en Lima después de que la justicia peruana ordenara su captura.
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"¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?", se preguntó Zapata, quien recordó que el pedido de derogación había sido formulado en marzo.
El trágico saldo de los incidentes del 5 y 6 de junio pasado es también objeto de discusión. Mientras el gobierno reconoce poco más de 30 muertes, diversas organizaciones indígenas sostienen que la cantidad de civiles fallecidos elevaría el total a más de 50 víctimas.
Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el Congreso aprobó crear una comisión parlamentaria que deberá investigar los hechos en un plazo de 120 días.
Proceso de debate
Protestas en Perú.
Una comisión parlamentaria investigará lo ocurrido el 5 y 6 de junio pasado en el norte del país.
El gobierno también aceptó discutir otros decretos que son rechazados por los nativos.
El contenido de esas normas será evaluado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que comenzará a deliberar este martes en Lima.
Los indígenas consideran que la polémica legislación vinculada al TLC habilita un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral.
Por esa razón, el pasado 9 de abril iniciaron una serie protestas con cortes de carreteras y bloqueos a la navegación de los ríos.
Perú llama a su embajador
En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades
Daysi Zapata, presidenta a cargo de AIDESEP
Este lunes, el gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en La Paz como una muestra del malestar que causaron en Lima las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre el conflicto con los nativos.
Morales había calificado a los incidentes como "un genocidio del TLC".
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Desde la cancillería boliviana le quitaron dramatismo a la situación y sostuvieron que la medida dispuesta por Perú es una "práctica normal" en el ámbito de la diplomacia.
Ambos países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones que tienen su origen en las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos, señala la colaboradora de BBC Mundo en La Paz, Mery Vaca.
Además del reciente conflicto indígena, autoridades de ambos países han mantenido diversos entredichos sobre el diferendo por límites marítimos entre Perú y Chile que podría afectar a Bolivia y sobre los asilos otorgados por Lima a ex funcionarios bolivianos acusados de genocidio.
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