SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, remitió ayer al Poder Ejecutivo, la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, que fue sancionada por las dos Cámaras legislativas.
El presidente Leonel Fernández tiene ocho días para promulgarla y no puede observarla, según lo establece la Constitución en su artículo 117.Valentín manifestó que con el envío de la Ley al Ejecutivo, el Congreso cumple con un proceso, en el que se ha dado oportunidad a todos los sectores para que participen presentando propuestas y sugerencias para la reforma a la Constitución.
El titular de la Cámara Baja dio garantías de que una vez convocada la Asamblea Nacional en funciones de Revisora, la reforma constitucional será discutida con la debida mesura, reiterando que la Carta Magna será modificada sin sobresaltos y tensiones, para superar las fallas históricas de las diversas normativas constitucionales que ha tenido el país.
"Los senadores y diputados, convertidos en asambleístas, debemos ponernos a la altura de las circunstancias, y colocar el interés del país por encima de los intereses particulares de los partidos que representamos", expresó Valentín.
El legislador agregó que antes y durante el proceso de reforma, el Congreso continuará acogiendo las propuestas de los distintos sectores representativos del país y para hoy recibirá a los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quienes presentarán sus sugerencias al proyecto.
Reglamento
Los diputados aprobaron en única lectura el reglamento que se utilizará en la Asamblea Nacional, cuando se esté modificando la Constitución.
El reglamento establece derechos, deberes y prohibiciones a los senadores y diputados constituidos en asambleístas, como la de asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea y permanecer en ellas hasta su término, respetar los juicios emitidos por los demás en el debate, no divulgar informaciones confidenciales tratadas en las comisiones de trabajo y mantener la solemnidad y un comportamiento digno de las mejores costumbres, en todas las áreas del Congreso, y en los lugares donde ejerza como representante, entre otras prerrogativas.
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