Recuerdos, reivindicaciones, promesas y quejas. La conmemoración del vigésimo aniversario del estallido civil de febrero y marzo de 1989 no escapó a la diatriba política que parece filtrarlo todo en Venezuela.
Desde tempranas horas de la mañana, los medios de comunicación de una tendencia y otra ofrecieron un menú que incluyó testimonios de familiares de víctimas y análisis del episodio, que todos coinciden en colocar entre los más oscuros de la historia reciente. Mientras portavoces del sector oficial insistían en que los hechos de 1989 marcaron el inicio del proceso político que ahora protagonizan, representantes de organizaciones gubernamentales se preguntaban por qué no hay una sola persona presa por las muertes de hace 20 años.
La oportunidad también fue propicia para que el presidente, Hugo Chávez, volviera a comprometerse a darle un nuevo impulso a su gestión de gobierno, con el combate de la ineficiencia, la burocracia y la corrupción.
Para esto anunció que hará cambios en su gabinete, comenzando por el regreso de un antiguo colaborador, Jorge Giordani, al ministerio de Planificación.
Misa y juramento
El jefe del Estado y su gabinete ministerial participaron en una misa en el sector de El Calvario, en el centro de la ciudad.
Foto de archivo de protestas en Venezuela
Chávez prometió indemnización para los familiares de las víctimas.
"El 4 de febrero es hijo del 27 de febrero. Esos días decretaron el inicio de la rebelión", reiteró el mandatario, quien calificó las jornadas que se recordaron este viernes como el hecho político de mayor trascendencia en el siglo XX en Venezuela.
"Podemos decir incluso hoy que el 27 de febrero no ha terminado porque sigue levantando su grito y su canto de dolor y de esperanza y de clamor", declaró.
Horas antes, en un programa de televisión del canal oficial, VTV, Chávez prometió indemnización para los familiares de las víctimas, incluso si era necesario saltarse los procedimientos formales.
También se refirió a los responsables de lo sucedido y al hecho de que algunos de ellos "siguen haciendo vida pública y política".
En concreto se refería al alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, quien para la fecha era gobernador de Caracas.
Impunidad
Por su parte, el Comité de Familiares de Víctimas de Febrero y Marzo de 1989, Cofavic, condenó lo que llamó la "situación de impunidad" que se mantiene en torno al caso del Caracazo, 20 años después.
Liliana Ortega, miembro fundadora de Cofavic, trasladó los hechos a la situación actual, al señalar que nueve de cada 10 casos de derechos humanos en el país ni siquiera llegan a juicio.
Ortega abogó por una "coalición que revise los casos de derechos humanos, para dar un signo inequívoco de que el país está unido contra la impunidad y que no hay aquiescencia y tolerancia del Estado" en la violación de los mismos.
El gobierno venezolano ha refutado este análisis de la situación.
Este sábado continuarán los actos para recordar lo ocurrido a finales de febrero y comienzos de marzo de 1989, con una sesión especial en la Asamblea Nacional.
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